El
principio de legalidad o
primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un
poder público debería realizarse acorde a la
ley vigente y su
jurisdicción y no a la voluntad de las
personas. Si un
Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución actual o al
imperio de la ley.