El
delito político, en sentido amplio, es el
delito cometido contra el Estado, pero su definición exacta es controvertida ya que hay estados democráticos, como
España, que no lo incluyen en su
Código Penal, aunque sí lo mencionan en los tratados de
extradición con otros estados para excluir de los mismos a los acusados de haber cometido un delito político, siguiendo el mandato
constitucional: "Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de
terrorismo" (Art. 13.3.).