El
juicio político (también llamado
acusación constitucional o
acusación en juicio político) es un proceso de
orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de
responsabilidad de los servidores o
funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como
Jefes de Estado,
Jefes de Gobierno,
ministros,
magistrados de los tribunales superiores de justicia,
generales o
almirantes de las
Fuerzas Armadas, que se realiza ante el
Parlamento o
Congreso. La condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los
tribunales ordinarios de justicia, o tener efectos meramente políticos. En cualquier caso, la sanción o sus efectos depende de la
constitución del país.