El concepto de derecho divino consiste en que la autoridad de un rey para gobernar proviene de la
voluntad de la deidad del pueblo que gobierna, y no de ninguna
autoridad temporal, ni siquiera de la
voluntad de sus súbditos ni de ningún estamento. Elegido por su
deidad, un monarca sólo es
responsable ante él, y sólo debe responder por sus acciones ante Dios. La doctrina implica que la deposición del rey o la restricción del poder y prerrogativas de la corona son actos contrarios a la voluntad de Dios. No obstante, la doctrina no es una
teoría política concreta, sino más bien una aglomeración de ideas. Las limitaciones prácticas supusieron límites muy considerables sobre el poder político y la autoridad de los monarcas, y las prescripciones teóricas del Derecho divino rara vez se tradujeron literalmente en un
absolutismo total.